México a un mes de las elecciones del 1 de julio
A la memoria de quienes con su vida
hicieron posible este nuevo despertar
Por primera vez en 30 años, México se encuentra en un momento histórico que apunta a un cambio sustancial en las condiciones de vida de la población y a un posible saneamiento del sistema político. Se asoma un cambio de dirección que genera una expectativa social nunca vista.
Tras dos largos lustros de conflicto bélico, resultado de la consolidación en el país de políticas neoliberales extractivistas que trajeron como consecuencias el agravamiento acelerado del contexto al grado del desastre nacional, manifestado en destrucción del tejido social, comunitario y ambiental, aumento de la desigualdad, inseguridad y violencia, desaparición forzada, cientos de miles de muertes, corrupción e impunidad generalizadas, precarización laboral, crecimiento potencial de la deuda externa, pérdida de poder adquisitivo, vulnerabilidad juvenil y de género, dispersión social, violación sistemática de los derechos humanos, entre otras; el pasado primero de julio, en las elecciones más grandes de nuestra historia, amplios sectores de la población manifestaron su voluntad inaplazable de un cambio político que no se reduzca a la alternancia en el poder, sino que cristalice la posibilidad de reconstruir una nación en ruinas, vencer el desánimo y el miedo, y empeñar esfuerzos comunes por re-articular el tejido social y la participación ciudadana en un proyecto distinto de nación, que ponga en primer lugar, el interés del pueblo, especialmente el más pobre.
Tras un proceso electoral no exento de dificultades e incertidumbre que mostraron la fragilidad de nuestras instituciones públicas, el domingo primero de julio la población salió a votar masivamente venciendo el miedo acumulado por la violencia generalizada y la certeza colectiva de que se avecinaba un fraude colosal. Salimos a votar con ese fantasma en el imaginario colectivo, dispuestas y dispuestos a la resistencia final, a luchar contra el fraude inminente que perpetraría de nueva cuenta la permanencia de un sistema político-económico con el que no se podría vivir ya pacíficamente.
El resultado de estos comicios fue realmente inesperado. Las primeras encuestas de salida confirmaron la tendencia mostrada a lo largo del proceso electoral, que daba un amplio triunfo al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y a su partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desinflando de facto la puesta en marcha de ya prácticamente institucionalizado mecanismo del fraude. En un hecho sin precedentes, ante este abrumador resultado los otros dos contendientes presidenciales reconocieron públicamente el triunfo de López Obrador antes incluso de que fuera confirmado por los resultados preliminares oficiales del Instituto Nacional Electoral, e inmediatamente por el presidente saliente.
La reacción ciudadana y popular tampoco se hizo esperar, y vivimos horas de verdadera euforia ante lo que creíamos imposible. La esperanza se volcó a las calles y lo que se proyectaba como una magna concentración de resistencia contra el fraude se convirtió en una celebración que mostró que éste, fue un triunfo del pueblo, ya en el hartazgo.
Los resultados finales de la contienda electoral superaron por mucho aún las expectativas más optimistas: el candidato de la izquierda no sólo obtuvo la mayoría absoluta, con el 53% de la votación (duplicando en votos a su contendiente más cercano, del partido conservador, que obtuvo poco más del 22% y triplicando la distancia respecto del partido oficialista que alcanzó apenas el 16%, la votación más baja de su historia), sino que además gobernará con mayoría en la Cámara de Diputados, el Senado y en más de la mitad de los congresos locales del país.
El día siguiente del primero de julio y los sucesivos, fuimos testigos de dos oleadas más, en favor del ganador de las elecciones presidenciales: la primera, la de los gobiernos de diversas latitudes que reconocieron de inmediato el triunfo de López Obrador a la presidencia, incluido el de nuestro vecino país del norte; la segunda, menos alentadora, de los grupos de poder político y empresarial que hasta el día anterior habían sido sus principales detractores y ahora le mostraban su apoyo irrestricto (al más rancio estilo presidencialista) y aseguraban una transición pacífica que si bien calmó a los mercados internacionales, fue la señal para la sociedad organizada de que había que despertar del sueño y volver a la realidad.
Señal de que, pasada la euforia inicial, era necesario serenar los ánimos y valorar las posibilidades reales de un cambio profundo y duradero en nuestro país, asentar sus condiciones mínimas de posibilidad y tomar conciencia del saldo que treinta años de desmantelamiento del estado democrático ha traído para la mayoría de la población.
Lo primero que hay que decir es que este triunfo popular fue resultado de la confluencia (premeditada y no) de amplios sectores sociales que de forma masiva salieron a votar el primero de julio (alcanzando uno de los porcentajes más altos de participación ciudadana de nuestra historia: 63%) y de forma organizada orquestaron un amplia estrategia de observación electoral, educación cívica y cuidado del voto en la que concurrieron por igual medios de comunicación alternativos, universidades, jóvenes, artistas, organismos internacionales organizaciones sociales de derechos humanos y gente “de a pie”, coadyuvando en gran medida a blindar desde distintos frentes el proceso electoral contra una descarada e impune estrategia de fraude electoral con rostros de compra masiva del voto, coacción, desvío de recursos, amedrentamiento, campañas de desprestigio, violencia criminal, corrupción institucionalizada, impunidad… y cuyos saldos se cuentan en vidas humanas, en un tejido social devastado y una sociedad nuevamente dividida, polarizada por sus preferencias políticas y harta al grado de impulsar un voto masivo de castigo en contra del régimen vigente; pero, a diferencia de la anterior alternancia (año 2000), este hartazgo no se manifestó en abstencionismo ni desencanto (que sí os hay), sino en anulación o boicot electoral, sino que se decantó hacia una propuesta política específica, por lo que emergemos del primero de julio también como una sociedad esperanzada, de pie contra toda esperanza, exigente y cada vez más consciente.
Frente a ello, nos espera una larga transición hasta el primero de diciembre, en que oficialmente tome posesión el nuevo gobierno y empiecen a cristalizarse lo que son desde ya un mar de posibilidades, promesas, propuestas, expectativas que emergen por igual desde el nuevo gobierno como desde la población, activando prematuramente un difícil diálogo que sitúa a la intemperie un proyecto de reconstrucción nacional cuyas implicaciones afectan necesariamente los intereses de las elites de poder aún gobernantes, y les ofrece una inevitable amnistía de cinco meses, lapso en el cual pueden acelerar el despojo nacional y blindarse de posibles y deseables ejercicios de la justicia.
Para prevenir esto es altamente recomendable serenar la premura por la reconfiguración del nuevo sistema político que gobernará los próximos años y activar en cambio canales de comunicación con una sociedad civil deseosa de participar en la transformación nacional y que corre el riesgo de no verse representada ni atendida en sus prioridades fundamentales que tienen que ver con una amplia agenda de derechos humanos consolidada por décadas y vulnerada severamente por las últimas administraciones públicas; con una política social participativa y un modelo de desarrollo anticapitalista que frene la extracción irrestricta de los recursos naturales; con la reconstrucción del tejido social en un contexto generalizado de inseguridad y violencia, que vaya más allá de lo paliativo hacia un modelo distinto de seguridad, ciudadana.
Esto implica entender que no se puede gobernar solo, tanto como no se puede esperar que el cambio empiece sólo desde arriba, desde el nuevo gobierno; bajo riesgo de suplantar un presidencialismo por otro que, aunque noble, deje intacta la concentración del poder que tanto daño ha hecho a nuestra nación.
No dudamos de la voluntad de cambio y compromiso popular de López Obrador; por el contrario, nos alegramos por esta alternancia que promete ser verdadera, desde un nuevo modelo económico a una nueva manera de gobernar; y confiamos en que este compromiso, en fidelidad al pueblo, estará a la altura de las circunstancias y será extensivo a todo el Movimiento político que representa, en cuyas filas militan grandes luchadoras y luchadores sociales, pero también personas de dudoso compromiso en favor del pueblo; así como grupos evangélicos (Partido Encuentro Social) conservadores que, en franca transgresión a la laicidad del Estado, encontraron también cabida en el partido triunfador de las elecciones y tendrán representatividad no menor en las cámaras de diputados y senadores, aún cuando perderán su registro como partido, al no alcanzar el 3% de la votación requerida por la Carta Magna.
De ahí la necesidad imperiosa de que se gobierne no sólo para el pueblo, sino también con el pueblo, cuya ecografía contempla voces a favor, pero también con reservas (o abiertamente en contra) respecto de que Andrés Manuel López Obrador represente el cambio que necesitamos como país; entre ellas destacan de forma especialmente importante movimientos populares y de pueblos originarios, los más golpeados por el régimen vigente y cuyas expectativas de cambio son las más altas y las más nobles porque consideran el cuidado de la casa común como condición indispensable para la sobrevivencia de todos y todas.
Desde este lado, el de la sociedad civil organizada y las iglesias socialmente comprometidas con la liberación, el desafío tampoco es menor, por la fragmentación resultante de largas décadas de sobrevivencia, la polarización de agendas y una expectativa también demasiado alta, que sabemos no se logrará en lo inmediato, por lo cual debemos asentar bases sólidas que aseguren una lucha de largo alcance y de amplio espectro. Esto significa, entre otras cosas, una reforma política y social que contemple la reconstrucción colectiva de los organismos autónomos, con participación representativa de la sociedad civil, que se constituyan en verdaderos contrapesos contra el abuso de poder, la corrupción y la impunidad.
También implica asegurar el cambio generacional, posibilitar la formación de cuadros capaces de llevar adelante este sueño más allá del marco temporal de la administración pública y más allá del marco ideológico de la política partidista o la preferencia religiosa, mediante la rearticulación social y la generación de una fuerza moral estratégica, incluyente, que sea capaz de sostener este momento histórico sin precedentes, en mucho experimental, pero también precedido por la experiencia latinoamericana, de la cual hay que aprender aciertos y prevenir errores; y para la cual el triunfo de un gobierno progresista en México representa también una enorme oportunidad para una nueva integración nuestroamericana, fuerte, amplia y capaz de ser un contrapeso eficaz frente al modelo económico neoliberal que, desde el norte y las grandes corporaciones, está devastando nuestros territorios.
Sin pesimismos ni ingenuas esperanzas, reafirmamos nuestra convicción de que es necesario acompañar este cambio de forma proactiva y crítica, teniendo como horizonte y referente las ansias de justicia y de paz de nuestros pueblos y la memoria de quienes ya no están pero que, con su vida, su sangre, hicieron posible este nuevo despertar.
© Observatorio Eclesial
Publicado el 6 de agosto de 2018
