Una puerta abierta a la verdad, la memoria y la justicia: el informe del grupo de expertos de la CIDH sobre Ayotzinapa
Al final, un nivel de agresión tan brutal, tan indiscriminado, en ascenso, nos lleva a la terrible pregunta: ¿por qué la desaparición forzada?
Carlos Beristain
El pasado domingo 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa presentó ante la opinión pública, los familiares de los 43 y el Estado los resultados de 6 meses de arduo trabajo en los que analizaron en profundidad las investigaciones llevadas a cabo por la PGJ y PGR, utilizando como una parte fundamental de su estudio documentos, declaraciones y pruebas que ya constaban en el propio expediente; también realizaron su propia investigación sobre los aspectos considerados clave en la misma, y contado con peritajes de expertos independientes de reconocida trayectoria internacional en varias de las áreas señaladas.
Una a una fueron derribadas las «verdades» históricas presentadas por el gobierno mexicano para dejar al desnudo la irresponsabilidad, ineficiencia e incluso complicidad del Estado (en todos sus niveles) en el caso que a toda costa el gobierno federal ha querido dar por cerrado. Desde la falsedad de la hipótesis de la incineración en el basurero de Cocula hasta nuevos elementos que emergen de los testimonios e investigaciones hechas por el GIEI, confirman ahora con autoridad irrefutable lo que los padres y madres de los 43 normalistas han estado repitiendo a los cuatro vientos: que fue el Estado, que hay que buscarlos hasta encontrarlos, que falta esclarecimiento de los hechos y castigo a todos los culpables, que el ejército estuvo involucrado, que no fue (es) un hecho aislado, que falta la verdad, que… no hay que perder la esperanza.
Como el mismo GIEI afirma, este informe es una contribución en la lucha contra la impunidad que permea este y muchos otros casos de violaciones a derechos humanos donde el Estado está implicado. Y esta vez Enrique Peña Nieto no pudo, como es ya su costumbre, desestimar las investigaciones hechas sobre los sucesos trágicos del 26 de septiembre de 2014 y se comprometió a «tomar en cuenta» los elementos aportados por el GIEI y a «analizar cada una de las recomendaciones que han presentado». ¿Qué puede significar esta actitud? Obviamente nos es dificil creer que exista una voluntad honesta por esclarecer el caso y llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias como es su deber y derecho de la ciudadanía; mucho menos que esté dispuesto a sancionar en su justa medida las irregularidades intencionadas por el exprocurador Murillo Karam, al presentar como verdades mentiras absolutas y querer dar carpetazo al asunto. Sería como morderse la cola.
Puesto que no les creemos, y porque fue el Estado, es imperativo que desde la sociedad civil y la comunidad internacional se acompañe el informe del GIEI de una presión tal que no permita al gobierno federal evadir nuevamente Ayotzinapa; presión que debe ir dirigida también a los poderes legislativo y judicial para detener de una vez y para siempre esta espiral de violencia y corrupción que caracteriza ya al Estado mexicano, y para que «Ayotzinapa nunca más» sea el emblema de un Tlatlaya nunca más, Apatzingán nunca más, Atenco nunca más, Acteal nunca más… y una interminable lista de «nunca más» porque vivos los queremos y vivos/as nos queremos.
Toda vez que las recomendaciones hechas por el grupo de espertos de la CIDH contemplan el caso como la punta del iceberg de una serie de problemáticas graves que deben ser atendidas urgentemente: desde la rehabilitación del proceso de investigación del caso, donde aún quedan muchos elementos por dilucidar, hasta las vinculadas con la búsqueda de los 43 y otros miles de desaparecidos, la sanción de otras violaciones a derechos humanos (además de la desaparición forzada), el deslinde de todas las responsabilidades, la atención a familiares de las víctimas y la habilitación de mecanismos que atiendan con seriedad y profundidad el caso de la desaparición forzada en México.
A días de que se cumpla un año sin justicia de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desde la sociedad y las iglesias, desde todos los rincones posibles de nuestra patria y del mundo, hay que redoblar esfuerzos por la verdad, la memoria y la justicia, con la esperanza de la presentación con vida, con la convicción de que en esta lucha nos jugamos todo, la dignidad y la humanidad.
© Observatorio Eclesial